Crítica Rapa Nui a la “Propuesta de reglamento de consulta” del Gobierno chileno


CONTRAPROPUESTA

¿Por qué una contrapropuesta?
Ratificado el Convenio 169 de la OIT el año 2008 e iniciada su vigencia en septiembre de 2009, desde el poder ejecutivo han existido una serie de intentos fallidos por regular la consulta indígena. De manera inconsulta y a pesar de la oposición de los pueblos indígenas el año 2009 se promulgó por Mideplan (hoy Ministerio de Desarrollo Social) el decreto n° 124, que reglamenta el artículo 34 de la ley n° 19.253 a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas, el que aún sigue vigente.
Este reglamento adolece de graves falencias siendo la principal que se trata de un procedimiento limitado “informar, escuchar y considerar” las opiniones de las organizaciones indígenas reconocidas por la ley indígena, siendo sus etapas la entrega de información, la recepción de observaciones y un informe final en el que se ponderan las observaciones. Además se establecen plazos no flexibles, se limitan arbitrariamente los organismos estatales que deben efectuar la consulta, se excluyen explícitamente los proyectos de inversión en territorios indígenas.

La propuesta presentada por el gobierno está destinada a reglamentar el proceso de consulta y la participación indígena a fin de reemplazar el Decreto 124, sin embargo lamentablemente la propuesta del gobierno no cumple con los estándares internacionales y no satisfacen las expectativas e intereses del pueblo Rapa Nui respecto de esta materia.
Como revisaremos a continuación las observaciones a la “Propuesta del gobierno para nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° del convenio n° 169 de la organización internacional del trabajo.” Son tantas y de tal envergadura que no corresponde realizar observaciones a la misma sino que derechamente efectuar una contrapropuesta que contenga la visión del pueblo Rapa Nui respecto a cómo debe regularse esta institución.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º.‐ Objeto del reglamento. El presente reglamento tiene por finalidad regular los procesos de consulta y participación indígena por parte de los órganos de la Administración del Estado de acuerdo al Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo.

OBS: El estándar internacional es más amplio que el Convenio 169 de la OIT, debe incluir además la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, suscrita por Chile y la evolución de estos principios efectuada por órganos internacionales de Derechos Humanos pertinentes (tales como CERD, OIT, Comité Y Consejo NN.UU DDHH, SIDH, Relatoría NNUU para los pueblos indígenas). Además para el pueblo Rapa Nui son especialmente relevantes las Resoluciones 1514 y 1541 de Naciones Unidas, así como el Tratado Acuerdo de Voluntades de 1888.
Artículo 2º.‐ Consulta. Para los efectos de este reglamento, la consulta es un proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos de beneficio mutuo a través de los mecanismos que este reglamento establece, entre los pueblos indígenas interesados y los órganos de la administración del Estado señalados en el artículo 4º.

OBS: Definición restrictiva respecto de lo dispuesto en Convenio 169 y normativa internacional, faltan situaciones como la prospección y explotación de recursos naturales y los planes educativos, además de la definición de la consulta como un dialogo “intercultural” destinado a llegar a un acuerdo. El “beneficio mutuo” no se encuentra en el Convenio 169 y no es necesario, además de que se cuestiona su existencia en el caso de que la medida consultada corresponda a un acto autorizatorio de un proyecto de inversión de privado.
Así mismo, falta señalar los casos en que la consulta es vinculante como lo es el caso de las medidas afirmativas y disposición de recursos naturales de los pueblos indígenas.

 

Artículo 3º.‐ Participación.‐ La participación es aquel mecanismo que permite a los pueblos indígenas, mediante los procedimientos e instancias que este reglamento establece, concurrir a la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente y que tengan su origen en alguno de los órganos de la administración del Estado señalados en el artículo 4º de este reglamento, de manera de propiciar la debida consideración a su identidad social y cultural, costumbres, tradiciones, aspiraciones y formas de vida.

OBS: La participación es un derecho más amplio que lo señalado e incluye todas las decisiones que puedan afectar a los pueblos indígenas, en tal sentido se vincula directamente con el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y/o libre
determinación, esto es a determinar sus propias prioridades de desarrollo económico, social y cultural. En el caso de la participación no es necesario que la afectación sea “directa” y se trata de un derecho que puede ser coexistente a la consulta.
Además en lo relativo a recursos naturales los pueblos tienen derecho a participar en la “utilización”, “administración” y “conservación” de los mismos, lo que no se recoge en el texto propuesto.

Artículo 4º.‐ Órganos a los que se aplica el presente reglamento. El presente reglamento se aplica a los Ministerios, las Intendencias, los Gobiernos Regionales, las Gobernaciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas, los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y el Consejo para la Transparencia. Para los efectos de cumplir con la obligación de consulta y participación indígena, los órganos constitucionalmente autónomos podrán sujetarse a las disposiciones del presente reglamento.

OBS: No corresponde limitar los órganos de estado a que se aplica esta regulación, se deben incluir además Municipalidades, Órganos Autónomos y el Poder Judicial y Legislativo (buscar fórmula para incluirlo).
Artículo 5º.‐ Proyectos de inversión. La medida administrativa que autorice la realización de algún proyecto de inversión susceptible de afectar directamente a algún pueblo indígena reconocido en la ley Nº 19.253, en los términos señalados en el artículo 9º del presente reglamento, y que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, serán sometidos a los procedimientos de consulta que se contemplan en la ley N° 19.300 y en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Asimismo, cuando algún Proyecto de Inversión requiera de la adopción de nuevas medidas administrativas para ser ejecutado, éstas nuevas medidas no requerirán ser sometidas a consulta, cuando la medida administrativa que lo autorizó ya hubiese sido consultada en los términos del inciso anterior.

OBS: La regulación de la consulta en el Reglamento del SEA no cumple con los estándares internacionales, además de haberse efectuado de forma inconsulta con los pueblos indígenas. El Pueblo Rapa Nui exige que exista un único procedimiento de consulta para todas las medidas administrativas que emanen de los órganos de la administración del Estado.

Artículo 6º.‐ Pueblos indígenas. Para efectos de este reglamento, se consideran pueblos indígenas a aquellos reconocidos en el artículo 1º de la ley Nº 19.253.

OBS: Son pueblos indígenas aquellos que se auto identifiquen como tales y no sólo aquellos reconocidos por el Estado, prueba de ello es que el artículo 1° de la ley 1º9, 253 señala que las enumeradas son las “principales etnias” y no las únicas.
TÍTULO II
Disposiciones comunes a la consulta y participación
Artículo 7º.‐ Responsable del proceso de Consulta y Participación.‐ El organismo público responsable de la medida o del plan o programa de desarrollo nacional o regional, según corresponda, será el encargado de coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de consulta o participación con la cooperación del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, con la asistencia técnica de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, según lo señalado en el artículo 10 de este reglamento.

OBS: Es preferible que los procesos de consulta sean liderados por un mismo órgano, con la cooperación del organismo público responsable de la medida, ello evita la existencia de criterios dispares en la aplicación de esta institución jurídica. Distinto es el caso de los planes y programas en que corresponden al órgano responsable asegurar la participación de los pueblos indígenas en todas sus etapas.

Artículo 8º.‐ Sujetos. Los procesos de consulta locales deberán efectuarse a los pueblos interesados, a través de las instituciones representativas que ellos mismos determinen y/o de las comunidades y asociaciones reconocidas en conformidad a la ley Nº 19.253. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena proporcionará la información necesaria a fin de lograr la adecuada identificación de estas instituciones.
Para hacer efectiva la consulta y participación indígena, ya sea a nivel nacional o regional, respecto de las medidas legislativas o administrativas y de los planes o programas de desarrollo, siempre que estas afecten directamente a los pueblos indígenas como establece esta normativa, y según sea el caso, se establecerá una Comisión Nacional Indígena y Comisiones Regionales Indígenas.
La Comisión Nacional Indígena estará compuesta por un representante de cada una de las Comisiones Regionales Indígenas y por los consejeros indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y funcionará en la ciudad de Santiago.
Las Comisiones Regionales Indígenas se conformarán por las instituciones representativas de la respectiva región con un máximo de 15 miembros. En su constitución el Intendente y las instituciones representativas de los pueblos indígenas locales determinarán su funcionamiento.

OBS: Las Comisiones Nacional y Regional no representan en su composición a los intereses específicos del Pueblo Rapa Nui que deberá compartir en la región de Valparaíso con otros pueblos con grandes diferencias respecto de éste, además de que no se resuelve el lugar de funcionamiento de esta Comisión que de ser la capital regional se encontrará a 4.000 km de distancia de Rapa Nui. Tampoco corresponde al Intendente, un funcionario público
designado por el Presidente de la República, determinar el funcionamiento de esta institución que debiera ser indígena.
Además se expresa el desacuerdo a la sobre representación de los consejeros indígenas de la Conadi, respecto de los cuales en no pocas ocasiones operan criterios partidistas.

Artículo 9º.‐ Afectación directa. Para los efectos del presente reglamento se entenderá que existe afectación directa cuando las medidas produzcan consecuencias específicas sobre los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad.
Se entenderá que existe afectación directa especialmente en los siguientes casos:
a) Reasentamiento de comunidades o grupos humanos indígenas. Se entenderá por tales a todo conjunto de personas, que pertenezcan a los pueblos indígenas a que se refiere el artículo 1º de la Ley Nº 19.253, independiente de su forma de organización, que comparten un espacio territorial, en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo.
b) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico o perteneciente al patrimonio cultural indígena.
c) Alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos indígenas. Dicha alteración se puede manifestar cuando se produzcan: externalidades manifiestas sobre los ecosistemas o el medio físico que sustentan o condicionan el sistema de vida del grupo humano indígena; cambios o modificaciones directas sobre los elementos socioculturales del grupo humano indígena; alteraciones significativas en los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo humano indígena o como cualquier otro uso tradicional fundamental (uso medicinal, religioso, cultural, etc.); alteración significativa en la libre circulación, la conectividad de los grupos humanos indígenas y en los tiempos de desplazamiento; el acceso a los bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica; alteración significativa de la seguridad de la población indígena ya sea por una modificación gravosa de los patrones sociales existentes o el aumento de riesgos físicos asociados; dificultad o impedimento para la manifestación de tradiciones, cultura, intereses comunitarios que afecten los sentimientos de arraigo del grupo humano; alteración significativa en los mecanismos de reproducción cultural; alteración significativa en las formas de organización social tradicional; o alteración significativa de los espacios destinados a la manifestación de sus creencias, mitos, ritos y usos tradicionales.

OBS: Los literales a y c utilizados a modo de ejemplo corresponden a casos de consentimiento previo, libre e informado. Precisamente, la utilización de estos ejemplos para delimitar la “afectación directa” es una de las principales críticas al Reglamento del SEA que repite esta misma norma.
El reglamento no se refiere a la “susceptibilidad de afectación” que es uno de los conceptos que en la práctica ha generado problemas de aplicación de la Consulta en desmedro de los pueblos indígenas.

Artículo 10.‐ Asistencia técnica. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena prestará la asistencia técnica al organismo público responsable del desarrollo de los procesos de consulta y participación, consistente en la identificación de organizaciones indígenas, servicios de traducción u otras acciones de apoyo a dichos procesos.

OBS: Se considera asistencia técnica para los organismos públicos y no para los pueblos indígenas, ello importa un grave desequilibrio en el proceso. Se requiere que los pueblos cuenten con recursos para obtener asistencia técnica independiente.
Además corresponde aclara que en ciertos casos las organizaciones indígenas pueden consistir en organizaciones que se relacionen directamente con otros órganos del Estado, por ejemplo Comunidades Agrícolas, Juntas de Vecinos, Organizaciones Funcionales Territoriales, lo importante es que correspondan a instituciones representativas así reconocidas por los miembros del pueblo indígena en cuestión.
TÍTULO III
De la Consulta

Párrafo 1º
Principios de la consulta
Artículo 11.‐ Fuentes.‐ El proceso de consulta indígena que regula el presente Reglamento, se inspira en los principios contemplados en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que se enuncian en los artículos siguientes.

OBS: Falta incluir como fuentes la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, suscrita por Chile y la evolución de estos principios efectuada por órganos internacionales de Derechos Humanos pertinentes (tales como CERD, OIT, Comité Y Consejo NN.UU DDHH, SIDH, Relatoría NNUU para los pueblos indígenas)

Artículo 12.‐ Buena Fe.‐ La consulta debe efectuarse de buena fe, lo que implica respetar los intereses, valores y necesidades de los pueblos indígenas interesados, así como entregar toda la información relevante, absolver dudas, hacerse cargo de las observaciones, sea para acogerlas o rechazarlas, y en este último caso, hacerlo fundadamente.
Se entenderá que falta la buena fe especialmente en los siguientes casos:
a) La ausencia de información o la entrega incompleta de antecedentes para apreciar los alcances de la medida objeto de consulta;
b) La negativa injustificada a iniciar o continuar el diálogo que implica la consulta imponiendo condiciones;
c) La ejecución de hechos tendientes a forzar las negociaciones en favor de una u otra parte del proceso de consulta;

OBS: Falta señalar la creación de un clima previo de confianza entre las partes y la realización de la consulta de la manera más previa posible como indicadores de buena fe.
No se trata sólo de “hacerse cargo” de las observaciones, si no que de la verdadera intención de establecer un dialogo destinado a llegar a un acuerdo para lo que se deben agotar todas las posibilidades.

Artículo 13.‐ Procedimiento apropiado: El procedimiento deberá generar las condiciones propicias con la finalidad de que se pueda llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, independientemente del resultado alcanzado, a fin de que los pueblos indígenas tengan la posibilidad de influir en sus resultados. Un procedimiento apropiado debe considerar que la metodología, los tiempos contemplados para su realización, el lenguaje y el idioma que serán usados, sea adecuado al grupo indígena que será objeto de la consulta.

OBS: El procedimiento debe ser sistemático y transparente, además de haberse acordado de manera previa con los pueblos indígenas.

Artículo 14.‐ Carácter Previo.‐ Las consultas deben realizarse previamente a la dictación de la medida administrativa o legislativa que se inicie por mensaje del ejecutivo, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19 del presente reglamento.

OBS: Las medidas deben consultarse en forma previa a su discusión o en la forma más previa posible, a fin de que los pueblos participen en su determinación, el carácter previo de la consulta es un indicador de buena fe.
No corresponden las excepciones del artículo 19.

Artículo 15.‐ Diálogo genuino.‐ La consulta supone la entrega de información, pero no se agota en ella, sino que debe permitir la generación de un diálogo genuino entre ambas partes, en el que existan las bases para la comunicación, el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, y con la intención de llegar a un acuerdo.

OBS: El dialogo debe estar cruzado por la intención de llegar a un acuerdo.

Artículo 16.‐ Instituciones representativas.‐ Son aquellas organizaciones indígenas tradicionales y/o las comunidades y asociaciones reconocidas en conformidad a la ley Nº
19.253.

OBS: Las instituciones representativas se determinarán por los propios pueblos de manera autónoma.

Artículo 17.‐ Finalidad.‐ La consulta debe ser realizada con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Párrafo 2º
Del Procedimiento de Consulta

Artículo 18.‐ Medidas a ser consultadas. Para los efectos del presente reglamento, deberán ser consultadas las medidas legislativas iniciadas por mensaje del ejecutivo y las medidas administrativas, siempre que, en ambos casos, sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos interesados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9º .
Se entenderá por medidas legislativas las ideas matrices de los proyectos de reforma constitucional y de los proyectos de ley.
A su vez, se entenderá por medidas administrativas aquellos decretos o resoluciones, de efectos generales, que emitan los órganos de la Administración del Estado indicados en el artículo 4.

OBS: Determinación arbitraria y restrictiva de las medidas a ser consultadas. Se debe consultar la totalidad de la medida legislativa, las ideas matrices son relevantes para determinar cuándo se debe consultar las modificaciones en el trámite legislativo.
Se deben consultar “todas” las medidas administrativas, incluidas aquellas de alcance particular, ejemplo proyectos de inversión.

Artículo 19.‐ Oportunidad de la consulta. Tratándose de medidas legislativas que se inician por mensaje del ejecutivo, la consulta deberá realizarse en forma previa a su envío al Congreso Nacional. Cuando la urgencia de la materia lo haga necesario, y en casos justificados, como terremotos, maremotos, inundaciones y demás acontecimientos semejantes, éstas medidas legislativas serán consultadas durante la tramitación legislativa.
Tratándose de medidas administrativas la consulta deberá realizarse en forma previa a su dictación, salvo que presentándose la situación excepcional contemplada en el inciso anterior, el órgano respectivo disponga fundadamente lo contrario.

OBS: Debe delimitarse mejor el caso de situaciones excepcionales e intentar siempre acordar una fórmula que permita la participación de los pueblos, por ejemplo no es tolerable la reconstrucción sin consulta al pueblo afectado y cuidado de no afectación de su patrimonio arquitectónico.
En estos casos de haber desplazamiento de población indígena debe operar el consentimiento previo, libre e informado.

Artículo 20.‐ Pertinencia de la consulta. El órgano de la administración del Estado al que corresponda la iniciativa de la medida legislativa o administrativa, deberá evaluar con la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, la pertinencia de iniciar un proceso de consulta.
En caso de admitirse la pertinencia del proceso de consulta, deberá determinarse el alcance de dicho proceso, fijándose el carácter local, regional o nacional de éste, para lo cual se atenderá a la naturaleza de la medida que se desea adoptar.
El Consejo Nacional de CONADI, por mayoría absoluta de sus miembros, podrá solicitar a los órganos de la administración del Estado la realización de un proceso de consulta cuando estimen que una determinada medida legislativa o administrativa sea susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados. Dicha solicitud deberá ser presentada al Ministerio de Desarrollo Social, el cual deberá entregar respuesta a dicho requerimiento en un plazo de 30 días hábiles. Mientras no exista este pronunciamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Social, la medida seguirá siendo tramitada por la institución responsable.

OBS: Debe crearse una acción administrativa o judicial fácil y expedita que permita a los pueblos por medio de sus instituciones representativas exigir el respeto de este derecho sin la necesidad de que lo haga el Consejo de Conadi. La acción debe contemplar posibilidad de paralización de os efectos de la medida (orden de no innovar) en casos justificados.

Artículo 21.‐ Contenido de la consulta. El proceso de consulta deberá contar con todos los antecedentes que permitan la adecuada información de los pueblos indígenas acerca de la medida legislativa o administrativa que se pretende adoptar, según corresponda, así como la posibilidad de plantear observaciones y propuestas y de que estas sean consideradas en la decisión final.
El órgano de la administración del Estado respectivo en conjunto con la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social deberá determinar los instrumentos y modalidades que permitan dar cumplimiento a estos objetivos, los que en todo caso deberán considerar a lo menos un documento descriptivo, con un lenguaje apropiado, acerca de los contenidos de la propuesta de medida legislativa o administrativa, así como un documento en dónde se establezca el itinerario, plazos y actividades de dicho proceso.

OBS: Además del documento descriptivo se debe acompañar siempre la totalidad de la medida.

Artículo 22.‐ Plazos. El plazo para realizar cada una de las etapas que establece el proceso de consulta, se acordará en conjunto con las organizaciones indígenas en la etapa de planificación, teniendo siempre presente que el objetivo es generar un dialogo en el cual se pueda llegar a acuerdos constructivos, lo que no puede, en ningún caso, ser un medio para generar demoras injustificadas. En atención a lo anterior, cada una de las etapas deberá ser ejecutada en un plazo máximo de 15 días hábiles, sin perjuicio de que el órgano responsable de la medida pueda ampliar los plazos por razones justificadas y razonables, teniendo en consideración la necesidad de establecer procedimientos flexibles que se adecuen a las circunstancias propias de cada caso particular.

OBS: No corresponde establecer plazos a priori, ellos dependerán de la entidad y complejidad de la medida adoptada. La ampliación de los plazos no puede ser una facultad exclusiva del órgano responsable.
El establecimiento de plazos es especialmente preocupante en el caso de la etapa de diálogo, 15 días normalmente no permitirá más que realizar una audiencia.
Artículo 23.‐ El procedimiento de consulta.‐ Cada uno de los procesos de consulta que se realicen podrá permitir la adecuación de las etapas y modalidades del mismo, según el pueblo indígena al cual se someta y al alcance del proceso de consulta correspondiente, ya sea éste nacional, regional o local. No obstante lo anterior, deberá contemplar al menos las siguientes etapas:
a) Etapa de planificación del proceso de consulta: Instancia en la que se expone el plan de consulta con un grupo de representantes indígenas de la población afectada, cuyo objetivo es determinar la metodología que se usará en el proceso correspondiente, tales como la definición de los lugares, plazos, participantes, etc. En esta etapa podrá entregarse la primera información sobre el contenido de la medida.
b) Etapa de entrega de información: Instancia de entrega de información a todos aquellos miembros de los pueblos indígenas que sean susceptibles de ser afectados por la medida. La información debe ser entregada de manera oportuna y en un lenguaje accesible, empleando métodos y procedimientos culturalmente adecuados.
c) Etapa de diálogo: Finalizada la etapa de entrega de información, y que la medida se entienda conocida por toda la comunidad o miembros del pueblo indígena interesado, se procederá a realizar una reunión para facilitar el diálogo entre las instituciones representativas de los pueblos indígenas y el organismo público a cargo de la medida, cuya finalidad sea alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento para que pueda dictarse la medida en cuestión acogiendo, dentro de lo posible, las observaciones y propuestas de los pueblos indígenas afectados.
Si finalizadas estas instancias de diálogo no se logran acuerdos completos entre las partes, el organismo público, procederá a evaluar su decisión de adoptar la medida o desistirse de ella, considerando la importancia de ésta para el interés nacional o bien común.
d) Etapa de sistematización y comunicación de los resultados: una vez finalizadas las etapas anteriores, e independiente del resultado final del proceso de consulta, el organismo público responsable de la medida sistematizará el proceso y entregará un informe final a las partes, con lo cual se dará por finalizado el proceso de consulta.

OBS: No corresponde realizar una sola reunión sino que las que sean necesarias a fin de lograr llegar a un acuerdo y las respuestas a las observaciones efectuadas por los pueblos deben entregarse de manera sistemática a fin de dar pie al diálogo y no sólo en el informe final como se desprende de la redacción del artículo anterior.
Artículo 24.‐ Suspensión y término del proceso de consulta.‐
Si durante el proceso de consulta se produjeran actos o hechos ajenos a las partes que perturbaren cualquiera de las etapas de la misma, el organismo responsable de la medida, previa autorización de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, podrá suspender el mismo hasta que se den las condiciones requeridas para su continuación. La decisión de suspensión se sustentará en un informe motivado sobre los actos o hechos que afectan cualquiera de las etapas del procedimiento de consulta, no pudiendo dicha suspensión o la suma de ellas, de ser el caso, superar el plazo de quince días hábiles. Cumplido ese plazo el organismo respectivo podrá convocar a la reanudación de la etapa respectiva en un lugar que garantice la continuidad del proceso, en coordinación, de ser posible, con los o las representantes del o de los pueblos indígenas.
En cualquier caso, el organismo responsable de la medida, previa opinión de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, podrá poner fin al proceso de consulta si el incumplimiento del principio de buena fe impidiera la continuación del mismo, elaborando un informe sobre las razones que sustentan dicha decisión.

OBS: No se comprende el inciso segundo en cuanto la buena fe es una garantía para los pueblos indígenas. Su redacción implica un sesgo discriminatorio hacia los pueblos indígenas o bien permite la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda aprovecharse de su propio dolo.

Título IV
De la Participación

Artículo 25.‐ Participación a nivel nacional y regional. Para la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional o regional susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, la autoridad u organismo respectivo deberá analizar
con la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, la pertinencia de iniciar el proceso de participación establecido en el artículo 3º de este reglamento.
La participación nacional se realizará a través de la Comisión Nacional Indígena y la participación regional se efectuará mediante las Comisiones Regionales Indígenas, señaladas en el artículo 8º.
El organismo público responsable del plan o programa de desarrollo tendrá a su cargo la coordinación y facilitación de los procesos de participación nacionales y regionales. La Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social colaborará en la confección de los documentos que contengan la descripción del proceso de participación, los contenidos del respectivo plan o programa, así como el itinerario y actividades de dicho proceso.

OBS: La participación indígena debe considerarse “siempre” que exista una toma de decisión que pueda afectar a uno o más pueblos indígenas. Se debe incluir también el nivel “local” y en el caso Rapa Nui se repiten los argumentos respecto de la falta de representatividad, lejanía y falta de pertinencia de las Comisiones Regional y Nacional.
Artículo 26.‐ Pertinencia de la participación. El organismo responsable de la medida deberá analizar con el Ministerio de Desarrollo Social, la pertinencia de iniciar el proceso de participación establecido en el artículo 3º.
La metodología que se utilizará en los procesos de participación de alcance nacional o regional será socializada con la Comisión Nacional o las Comisiones Regionales según corresponda.

Artículo 27.‐ Informe final. Al término del proceso de participación, la autoridad u organismo respectivo elaborará un informe final en base al formato que al efecto determine la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
El informe final dará cuenta de la realización del proceso de participación en sus distintas etapas y será suscrito por todos los participantes.

 

 

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